Por Liz Arelis Cruz Maisonave
EL VOCERO
03 de diciembre de 2008 04:00 am
Luego de pasada la tempestad de la campaña política, el gobernador electo Luis Fortuño admitió abiertamente que cree en el concepto de la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales. Sin embargo, no está de acuerdo en el giro que tomó la administración del programa en los últimos años.
El Programa de Comunidades Especiales, que se implementó con esa ley de la administración de la ex gobernadora Sila Calderón, ha sido objeto de constantes ataques por parte de líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), entre otras cosas, por la forma en que se administró el dinero del Fideicomiso Perpetuo al que se le asignaron $1,000 millones.
“Creo en la Ley Número 1 del 2001, yo creo en esa ley, creo que hace sentido. Ahora, creo en que hay que apoderar a la comunidad, a las organizaciones comunitarias y de base de fe para que realmente tengan el control del proceso de transformación social en su comunidad, no que venga impuesto desde San Juan”, declaró el Presidente del PNP. “Ahí es que tenemos la diferencia de cómo se fue cambiando la razón de ser de ese proyecto”.
Según su análisis, lo que se terminó haciendo a través de la Oficina de Comunidades Especiales fue controlar el apoderamiento de las comunidades pobres, sin darle realmente a sus líderes y miembros el poder de decidir el rumbo que deseaban darle a las comunidades.
“Creo en el proyecto como originalmente se conceptualizó, no en como se está implementando en este proyecto”, señaló.
Al cuestionársele cómo planifica devolver el programa a sus orígenes, dijo que todavía está bajo evaluación. Anteriormente se había dicho que el enlace con la Fortaleza sería la Oficina de Organizaciones Comunitarias y Base de Fe, sin embargo, aseguró que eso no implica que se les daría un matiz religioso a las comunidades especiales, sino que, simplemente, también respaldarán a ese tipo de agrupaciones.
“Son las comunidades las que deben tomar esas decisiones, no debe ser un burócrata en San Juan”, comentó. En cuanto a los señalamientos de que él erradicaría el Programa, indicó que “en la política se proyectan muchas cosas y Julia Torres (directora de la Oficina de Comunidades Especiales) es bien política, está allí porque no ganó un escaño”.
EL VOCERO
03 de diciembre de 2008 04:00 am
Luego de pasada la tempestad de la campaña política, el gobernador electo Luis Fortuño admitió abiertamente que cree en el concepto de la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales. Sin embargo, no está de acuerdo en el giro que tomó la administración del programa en los últimos años.
El Programa de Comunidades Especiales, que se implementó con esa ley de la administración de la ex gobernadora Sila Calderón, ha sido objeto de constantes ataques por parte de líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), entre otras cosas, por la forma en que se administró el dinero del Fideicomiso Perpetuo al que se le asignaron $1,000 millones.
“Creo en la Ley Número 1 del 2001, yo creo en esa ley, creo que hace sentido. Ahora, creo en que hay que apoderar a la comunidad, a las organizaciones comunitarias y de base de fe para que realmente tengan el control del proceso de transformación social en su comunidad, no que venga impuesto desde San Juan”, declaró el Presidente del PNP. “Ahí es que tenemos la diferencia de cómo se fue cambiando la razón de ser de ese proyecto”.
Según su análisis, lo que se terminó haciendo a través de la Oficina de Comunidades Especiales fue controlar el apoderamiento de las comunidades pobres, sin darle realmente a sus líderes y miembros el poder de decidir el rumbo que deseaban darle a las comunidades.
“Creo en el proyecto como originalmente se conceptualizó, no en como se está implementando en este proyecto”, señaló.
Al cuestionársele cómo planifica devolver el programa a sus orígenes, dijo que todavía está bajo evaluación. Anteriormente se había dicho que el enlace con la Fortaleza sería la Oficina de Organizaciones Comunitarias y Base de Fe, sin embargo, aseguró que eso no implica que se les daría un matiz religioso a las comunidades especiales, sino que, simplemente, también respaldarán a ese tipo de agrupaciones.
“Son las comunidades las que deben tomar esas decisiones, no debe ser un burócrata en San Juan”, comentó. En cuanto a los señalamientos de que él erradicaría el Programa, indicó que “en la política se proyectan muchas cosas y Julia Torres (directora de la Oficina de Comunidades Especiales) es bien política, está allí porque no ganó un escaño”.
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