Nuestra organización ha podido corroborar que los cambios en la asignación de comunidades y traslados de personal recientemente efectuados en la región de Ponce responden a criterios políticos partidistas impuestos por el Sr. Francisco Zayas Seijo, Alcalde del Municipio de Ponce. No es la primera vez que la agencia permite la intromisión de criterios prohibidos en ley para tomar decisiones que al final afectan adversamente el cumplimiento de la Ley 1 de 2001, según enmendada.
En carta del 28 de febrero de 2008 expresamos nuestra preocupación por directrices que prohibían a los organizadores cumplir sus funciones al pretenderse que no acompañaran a los líderes comunitarios en sus procesos de autogestión, apoderamiento y agrupamiento de comunidades.
Nuestros señalamientos no han sido contestados por el patrono, por lo cual estimamos que su no contestación es en apoyo a estas incorrectas y nefastas prácticas en contra del proceso de organización y apoderamiento de las comunidades.
Emplazamos al patrono a exigir a todo funcionario de la Oficina de Comunidades Especiales el cumplimiento cabal de las leyes que rigen el servicio público. De nuestra parte, insistiremos en todos los foros disponibles que se respete el trabajo de los compañeros y compañeras que diariamente dan lo mejor de sí, independientemente de criterios políticos y otros intereses ajenos al servicio público.
Todo trabajador tiene derecho a sus preferencias políticas, a lo que no se tiene derecho es a tomar decisiones en el trabajo tomando como base estas preferencias. No solo esta el hecho de que tal práctica es ilegal, lo peor es que ponemos en riesgo el empleo de todos ya que estaríamos politizando la agencia y justificaríamos los ataques de corte político que otros hacen.
PROSOL UTIER condena que el patrono permita los criterios políticos partidistas en la agencia. Si algún compañero o compañera se siente afectado por este mal, necesitamos que se comunique de inmediato con su delegado.
En carta del 28 de febrero de 2008 expresamos nuestra preocupación por directrices que prohibían a los organizadores cumplir sus funciones al pretenderse que no acompañaran a los líderes comunitarios en sus procesos de autogestión, apoderamiento y agrupamiento de comunidades.
Nuestros señalamientos no han sido contestados por el patrono, por lo cual estimamos que su no contestación es en apoyo a estas incorrectas y nefastas prácticas en contra del proceso de organización y apoderamiento de las comunidades.
Emplazamos al patrono a exigir a todo funcionario de la Oficina de Comunidades Especiales el cumplimiento cabal de las leyes que rigen el servicio público. De nuestra parte, insistiremos en todos los foros disponibles que se respete el trabajo de los compañeros y compañeras que diariamente dan lo mejor de sí, independientemente de criterios políticos y otros intereses ajenos al servicio público.
Todo trabajador tiene derecho a sus preferencias políticas, a lo que no se tiene derecho es a tomar decisiones en el trabajo tomando como base estas preferencias. No solo esta el hecho de que tal práctica es ilegal, lo peor es que ponemos en riesgo el empleo de todos ya que estaríamos politizando la agencia y justificaríamos los ataques de corte político que otros hacen.
PROSOL UTIER condena que el patrono permita los criterios políticos partidistas en la agencia. Si algún compañero o compañera se siente afectado por este mal, necesitamos que se comunique de inmediato con su delegado.
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